jueves, 19 de enero de 2012

LA OPSU Y EL MPPEU PRETENDEN DESPOJAR A LOS TRABAJADORES UNIVERSITARIOS DE SUS PASIVOS LABORALES


El Vicerrector Administrativo de la UC Prof. José Angel Ferreira y el Presidente de la APUC, Prof. Jesús Villarreal consideran que el nuevo sistema de cálculo de los intereses sobre Prestaciones Sociales "es una gran estafa" para el sector.
El nuevo sistema de cálculo de las prestaciones sociales de los trabajadores universitarios, que fue establecido por la Opsu, encendió la mecha y puso en la palestra la discusión de dicho mecanismo. Los expertos en materia de pasivos laborales han salido al paso, desde el momento de la publicación del instructivo, para alertar a la población venezolana sobre el grave daño que ocasiona la implementación del mismo, al desmejorar los beneficios económicos alcanzados por los docentes, empleados y obreros a lo largo de sus años de trabajo. 
Prof. Jesús Villarreal Presidente de la APUC
Precisamente, cuando el domingo 8 de enero, se publicó a través de la página Web de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu), el nuevo instructivo para calcular los intereses de prestaciones sociales al personal de las universidades nacionales, inmediatamente surgió preocupación en el colectivo. Desde la ciudad de Valencia, se está dirigiendo la lucha nacional para tratar de "revertir" este mecanismo que afecta a 6 mil 439 trabajadores de la Universidad de Carabobo, pero también a cerca de 60 mil personas de todo el sector universitario y más de 600 mil que pertenecen al sistema de Educación y de Salud de Venezuela.
¿Qué ocurrirá si se aplica este instructivo? ¿A quiénes afectará el nuevo cálculo de prestaciones sociales? ¿Cuáles son las acciones que tomarán los gremios y universidades del país en adelante? Éstas son solo algunas interrogantes que surgen ante un panorama que muchos han considerado difícil, pero decisivo para el país, por ser un año electoral en el que cambiará -para bien o para mal- el futuro de los venezolanos. Para despejar estas dudas, fueron invitados al acostumbrado Desayuno en la Redacción de Notitarde, el vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo (UC), José Ángel Ferreira, y el presidente de la Asociación de Profesores de la máxima casa de estudios regional (Apuc), Jesús Villarreal, quienes estuvieron acompañados por Laurentzi Odriozola Echegaray, director del diario; Margarita Jiménez Márquez, miembro de la junta directiva; Humberto Torres, editor nocturno de ciudad; Daniela Chirinos Arrieta, editora y quien presenta La Ventana; y Vanessa Carreño Rojas, quien suscribe este trabajo.
El vicerrector José Ángel Ferreira aseguró que dicho instructivo "lesiona el patrimonio de los trabajadores universitarios", al tiempo que señaló que con esta "decisión injusta" el Ejecutivo Nacional le está quitando todos sus años de trabajo a los empleados, situación que genera gran malestar en todo el país.
"Nunca en la historia del país se había visto que a los trabajadores les escamotearan, les robaran lo que por ley les corresponde"
A esta estimación se unió el profesor Jesús Villarreal, quien sostuvo que estas acciones van en contra de lo que promulga en su discurso el Presidente de la República, "quien alega ser el Presidente de los trabajadores".
Aseguró que "esto es neoliberalismo", y que nunca en la historia del país se había visto que a los trabajadores "les escamotearan, les robaran lo que por ley les corresponde".
Asimismo, resaltó que a pesar de que el gremio se haya declarado en emergencia ante la posibilidad de que el docente pierda los intereses que por años han devengado sus prestaciones sociales, se mantienen optimistas, pues consideran que la situación se puede enmendar; pero si esto no ocurre "se estaría resquebrajando la paz académica", lo que acarreará conflictos "que no sabemos cómo van a concluir".
"Nosotros no queremos que nos lesionen nuestros derechos, queremos que las deudas tengan su poder adquisitivo que es lo único que nos llevamos nosotros después de muchos años de trabajo", apuntó.
Decisión con trasfondo político
Después de 14 años sin que los trabajadores universitarios cobren sus intereses de prestaciones sociales, el presidente Hugo Chávez Frías anunció el año pasado al país que va a cancelar la deuda laboral, decisión que -a juicio de Ferreira- tiene un trasfondo político, puesto que estamos en un año electoral y "al hacer ese anuncio, vamos a estar claros, él gana voluntades".
No obstante, -aseguró- la Opsu bajo los lineamientos del Ministerio de Finanzas creó un instructivo basándose en la sentencia 687, del magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de fecha 16 de octubre de 2003, que va en contradicción con lo que -a su juicio- persigue el mandatario nacional.
Precisó que a partir del año 1975, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) estableció que se debían pagar los intereses de prestaciones sociales -que son el capital que un trabajador acumula durante sus años de servicio en una empresa u organización-; sin embargo, "hubo muchos años que no se pagó, pero la universidad hizo las diligencias necesarias para que se cancelara dicho beneficio", reseñó Ferreira.
Explicó que cuando el trabajador se jubila, tiene derecho a cobrar los intereses de sus prestaciones, los cuales son calculados a la tasa pasiva de los bancos del país, con el añadido de que esos intereses "eran capitalizables anualmente". Es decir, que los intereses acreditados comenzaban a formar parte del capital y éstos a su vez, devengaban intereses hasta el momento de la cancelación de la deuda. Esta metodología aplica para el personal jubilado del año 1998 al 2011, mejor conocido como régimen viejo.
Posteriormente, prosiguió el Vicerrector, se creó una ley que estableció un régimen nuevo al que se apegaron cuatro universidades del país: de los Andes (ULA), la Nacional Experimental del Táchira (Unet), los empleados de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Uneg) y la Universidad de Carabobo (UC).
"Con este mecanismo el profesor, el empleado,
el obrero van a ser castigados dos veces.
Esto es una gran estafa"
El mencionado estatuto contempla que el profesor, al momento de su jubilación, recibirá un bono de transferencia que será sumado al capital y el monto restante se le pagaría en los primeros cinco años a una tasa promedio entre la tasa activa más la pasiva y era capitalizable. Ahora bien, si transcurría ese tiempo y el Ejecutivo no había cancelado la deuda, entonces pasaría a pagar los intereses calculados a una tasa activa "que es fuerte porque es la más alta", y con el agregado de que también eran capitalizables.
"La intención del legislador con esto, era castigar al Ejecutivo sino había pagado en ese tiempo o por el contrario motivarlo a que cancelara en el tiempo establecido para evitar que la deuda fuese creciendo", indicó el profesor Ferreira.
Ahora bien, el problema radica -según expusieron Ferreira y Villarreal- en que el nuevo instructivo establece que después de que concluye la relación laboral, los intereses son considerados de mora y por ende no son capitalizables. Para el régimen viejo, los intereses de los años 1998 y 1999, serán calculados al 3%; a partir de allí, el cálculo se realizará en base a la tasa promedio pasiva del país -un 8% o 9% según el año-.
Mientras que, para las universidades transferidas al nuevo régimen, el instructivo de la Opsu señala que, los primeros cinco años, los intereses -que eran calculados a una tasa promedio activa y pasiva y capitalizables- ahora son considerados de mora y, por ello, no opera la capitalización.
"Esto ocasiona un daño terrible" al profesor, empleado y obrero universitario, enfatizó Ferreira; al tiempo que mencionó que "hay personas que tienen 32 años de servicio e iban a cobrar 800 mil bolívares, ahora pueden terminar cobrando 350 mil o 400 mil y ésa no era su expectativa; otros colegas cobraron lo que les correspondía, si ellos tuvieron ese derecho, por qué nosotros no podemos tenerlo ahora".
Los invitados al Desayuno coincidieron en que el nuevo instructivo es anticonstitucional porque viola el artículo 89 de la Carta Magna, que reza: "Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias".
Sustitución de una deuda por otra
Con respecto a cómo el Gobierno cancelará la deuda, Ferreira reveló que pretende pagar con los llamados "petrobonos", es decir, le dará al trabajador un bono que posteriormente podrá vender, pero nunca será por el valor real, "sino por uno distinto que siempre estará por debajo del real". O -continuó- la otra opción es que el trabajador se quede con el bono y espere que éste se venza para ganarle intereses.
"Allí entra (el Gobierno) en contradicción con la ley, porque ésta dice que, en el caso del régimen viejo, se le debe pagar al trabajador en efectivo, mientras que al régimen nuevo sí cabe la posibilidad de que se les cancele 'con papeles'".
Ante este panorama, el profesor Villarreal aclaró que la dirigencia gremial "no acepta ni aceptará" que se les cancele con papeles. "Nosotros pedimos que al trabajador se le entregue en efectivo lo que le corresponde", señaló.
De igual forma, detalló que en el pasado tuvieron malas experiencias en cuanto al pago con bonos, puesto que éstos terminaron en manos de las sociedades financieras y los corredores, porque "el hambre del trabajador universitario" lo obligó a venderlos entre un 50 ó 60% de su valor.
Su oposición se debe -según dijo- a que el Gobierno lo que está haciendo con todo esto es cambiar una deuda por otra. "Está cambiando una deuda de valor, con un poder adquisitivo por unos papeles que tienen un vencimiento y que dentro de 20 años no tendrán el mismo valor", afirmó.
No obstante, indicó que a pesar de haberle solicitado al Gobierno que cancele la deuda de los trabajadores en efectivo, el gremio no está cerrado a la idea de escuchar otras propuestas de pago. "Lo que pasa es que no lo han hecho. Lo que están es introduciendo elementos como éstos (el nuevo instructivo) para seguir ganado tiempo".
"La aplicación del instructivo va a causar un
gran daño político a la presidencia, por eso
debe ser enmendado, porque de lo
contrario sería un suicidio"
"Tecnicismo para bajar la deuda"
Por su parte, el Vicerrector de la máxima casa de estudios de la entidad calificó el nuevo instructivo como un "tecnicismo", utilizado por el Ejecutivo Nacional para bajar la gran deuda social que tiene con los trabajadores universitarios.
"Con este mecanismo el profesor, el empleado, el obrero van a ser castigados dos veces. Esto es una gran estafa", aseveró Ferreira, quien consideró que dicha normativa debe ser revertida de inmediato.
Igual opina Jesús Villarreal, quien durante la entrevista aseveró que las decisiones tomadas desde el Alto Gobierno "son soluciones tecnicistas para minimizar los pasivos laborales de los trabajadores".
El dirigente del gremio profesoral en el estado Carabobo, también considera que este nuevo instructivo es una especie de "distraccionismo", para ganar tiempo.
"La tecnoburocracia malévola y perversa del Alto Gobierno inventa para escamotearnos los pocos recursos que nos corresponden, para limitarnos el patrimonio, para quitarnos lo nuestro y para ganar tiempo", manifestó enfáticamente.
Asimismo, afirmó que este nuevo elemento está generando, primero, "un gran ruido para tratar de sentarnos en una mesa de negociación y así seguir ganado tiempo" y, segundo, crea expectativas que podrían transformarse en "una fuente terrible, porque ocasiona una gran decepción y frustración en la colectividad", situación que -en su opinión- puede desencadenar conflictos, ya que "la universidad venezolana va a luchar unida en torno a este reclamo".
Exigen discusión de instructivo
José Ángel Ferreira y Jesús Villarreal exhortan al presidente Hugo Chávez a que revise y rectifique el instructivo, "porque eso no fue lo que él ofreció", por el contrario, aseguran que es una decisión "unilateral" por parte del Gobierno. De igual forma, proponen mesas de discusión para que los universitarios puedan plantear sus argumentos y defender sus derechos laborales.
"Si el Ejecutivo insiste en la aplicación del instructivo, va a causar un gran daño político a la presidencia, por eso debe ser enmendado, porque de lo contrario sería un suicidio", advirtió Ferreira.
Mencionaron que no fueron consultados sobre la aplicación de dicho instructivo y, aún cuando la ministra para la Educación Universitaria, profesora Yadira Córdova, les prometió el año pasado, darles un cronograma y forma de pago de los pasivos laborales antes de que finalizara el 2011, la propuesta "nunca" la recibieron.
"Tenemos 14 años esperando este pago, los acreedores de estas deudas han ido envejeciendo, nos hemos ido enfermando como consecuencia de que no se nos cumple con nuestro beneficio", comentó Villarreal.
"Esto no tiene que ver con la administración pública de la universidad", dijo por su parte Ferreira, "no tiene que ver con lo que manejan las autoridades, ni con lo que administra el gremio, sino con el profesor, el obrero y el empleado, que ha trabajado por tantos años y con lo que en justicia le corresponde".
Reiteraron que tienen la mejor disposición para sentarse a dialogar sobre el tema y que no buscan conflicto, porque por el contrario "somos constructores de soluciones" y lo que persiguen es que el trabajador no resulte perjudicado.
-¿Qué pasará si el instructivo Opsu prospera? ¿Cómo procederá el sector universitario?
-En una primera instancia vamos a llamar al diálogo al Ejecutivo, pero si no somos oídos y se agota la parte del diálogo, entonces iremos a la Sala Constitucional del TSJ y como tenemos sentencias del 2008, 2009 y 2010, que dicen lo contrario a la de la Sala de Casación Social, pues introduciremos un amparo constitucional para que se rebata esa sentencia (687, de fecha 16 de octubre de 2003). Nos apegaremos al precepto del artículo 335 de la Constitución -el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales- para que la Sala Constitucional dirima esto, porque los argumentos utilizados en el instructivo son en base a la Sala de Casación Social que obviamente no es la que puede dar la última palabra en esta naturaleza-, planteó Ferreira.
Por su parte, el profesor Villarreal señaló que los universitarios irán "hasta el final, no tenemos regreso en una lucha como ésta".
Ahora bien, sin perder tiempo y con la intención de buscarle una salida positiva a la problemática por la que atraviesa el sector universitario, el núcleo de Vicerrectores Administrativos se reunirá la próxima semana en Valencia. Aún el día y lugar no han sido definidos.
Entretanto, el gremio docente también hará lo propio y, para ello, están convocando a una asamblea general de profesores, que se llevará a cabo el próximo viernes 20 de enero, a las 10:00 de la mañana, en el Colegio de Abogados de Carabobo.
A pesar de que el panorama se vislumbra desalentador para algunos, Ferreira y Villarreal, mantienen la esperanza de que la situación va a cambiar. Y es que, el hecho de que hayan tumbado de la página Web de la Opsu el nuevo instructivo de cálculo de los pasivos laborales, es considerada una acción "positiva" entre tanto revuelo.
"Lo tumbaron y no lo han vuelto a montar y esto es positivo, porque quiere decir que se dieron cuenta de que habían tomado una decisión absolutamente ilógica y antipolítica".
El sector universitario está unido
Al final, de todo lo malo siempre surge algo positivo, y es que, los invitados al Desayuno en la Redacción coincidieron en que este conflicto, ahora más que nunca, debe mantener unido al sector universitario, pues es una lucha de docentes, empleados y obreros, sin distingo ideológico, político o social. Y, una prueba de ello, -según manifestaron- es el "absoluto respaldo" que han ofrecido los trabajadores oficialistas a los gremios e instituciones que alzaron su voz al unísono para defender los derechos laborales.
Ventana
"Nuestra lucha es permanente"
Daniela Chirinos Arrieta
Ésta es una lucha consecuente de la universidad venezolana, y hay que mantenerla, pero sobre todo hay que darle un valor agregado a través de propuestas para que se produzcan soluciones", expresa el vicerrector administrativo de la UC, José Ángel Ferreira.
"No andamos buscando conflicto", aclara Jesús Villarreal, presidente de la Apuc, aunque enfatiza que "no lo podemos evitar", pues se trata de la defensa de los derechos del sector universitario, por eso "nuestra lucha es permanente".
Muestra de ello, es que "al inicio de 2011, estábamos inmersos en una huelga de hambre que se impuso ante el Ejecutivo y concluyó con la creación de unas mesas de diálogo, pero terminando el año, estábamos otra vez reunidos con la directora de la Opsu y personal de la Contraloría General de la República. Ahora, empezamos otro año en una situación de conflicto", repasa Villarreal.
Desempeñar ambos roles no es una labor sencilla, por lo que sus jornadas comienzan casi al alba con lecturas de la prensa nacional y regional; luego, se reúnen con sus equipos de trabajo para plantear las agendas.
"Mi jornada de trabajo es de 14 horas diarias, en las que tengo que buscar espacio a la creatividad para encontrar alternativas distintas a las situaciones del día a día", comenta Ferreira. Entre tanto, Villarreal señala que en la Apuc se debaten dos agendas: una local e interna (que recoge los planteamientos para las autoridades universitarias, y los asuntos con otros gremios), y otra nacional (vinculada a la Fapuv).
Villarreal tiene siete años al frente de la Apuc, cargo que le corresponde entregar a finales de 2012. Conmovido afirma sentir "el deber cumplido", aunque "nunca podemos estar satisfechos, porque nuestra problemática es aguda y difícil".
Ferreira tiene tres años en la vicerrectoría administrativa de la UC, período que culmina en enero de 2013, además es Coordinador Nacional del Fondo Especial de Jubilaciones. También ha sido Decano de la Faces-UC, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes, Consejero Universitario, entre otros cargos.
"Éste es un año político", comenta Ferreira, aunque dificulta que haya cambios en el área educativa. "En todo caso, creo que es un año para escuchar propuestas de los candidatos de la oposición y del Gobierno, que deben ser analizadas por los universitarios".
También afirma tener fe que en el debate electoral surja la Ley de Financiamiento de la Educación Superior, ya que "es la única autonomía que podemos esperar este año". Villarreal, espera que se apruebe el reglamento de la LOE "con lo que la AN está en mora", se le asignen los recursos necesarios a las universidades.

TOMADO DEL DIARIO NOTITARDE DE VALENCIA, 18 DE ENERO DEL 2012


miércoles, 18 de enero de 2012

UNIVERSITARIOS GRAVEMENTE PERJUDICADOS POR NUEVO CALCULO DE INTERESES SOBRE PRESTACIONES


Entre un treinta y  un  sesenta por ciento menos de lo esperado recibirían los trabajadores 
universitarios por prestaciones sociales, manifestó el Profesor Ferreira en rueda de prensa

Prof. José Angel Ferreira Vicerrector Administrativo UC 
Un nuevo instructivo para cálculo de las prestaciones sociales que elimina la capitalización de sus intereses, además de cambiarlos al concepto de intereses de mora, perjudicará a 6.439 trabajadores de la Universidad de Carabobo y afectará igualmente a los empleados y trabajadores de toda la administración pública nacional, rebajando entre un treinta y un sesenta por ciento de lo que les corresponde según dispone el decreto presidencial Carlos de mayo de 1975, durante el primer período presidencial de Carlos  Andrés Pérez.
Así lo explicó el vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo, José Ángel Ferreira quien, al hacer un llamado al Presidente de la República destacó que no cree que lo anterior sea el deseo del primer mandatario, quien “tiene la intención de pagar la deuda social a mucha gente que tiene años esperando y que esa deuda se honraría, y los antecedentes de hecho y de derecho de esa deuda definieron la misma como capitalizable”.
-Y si además –prosiguió Ferreira- esta deuda va a ser pagada con petrobonos, los mismos serían convertidos en efectivo por quienes lo necesiten que son la mayoría, y en ese proceso igualmente perderán un importante porcentaje, lo cual dañaría aún más a las prestaciones de los universitarios, convirtiéndolas en sal y agua- puntualizó la autoridad ucista. “Ello se aparta a lo manifestado por el presidente Chávez, y el trabajador será el gran perjudicado”.
Eliminada la capitalización

Explicó el vicerrector que los trabajadores de universidades con régimen viejo, casi treinta universidades más antiguas del país (UCV, LUZ, USB, UNEXPO, UPEL, UNA, UCLA, UDO, UNELLEZ, USR, UNEG, entre otras), cuyo cálculo de prestaciones sociales se rige por el Decreto de 1975, a partir del día siguiente de su fecha de jubilación tenían derecho al cobro de intereses sobre sus prestaciones calculados a la tasa pasiva de los bancos venezolanos (8% promedio); intereses que eran capitalizables anualmente, es decir que pasaban a formar parte del capital de sus prestaciones y sobre cuya suma ganarían nuevos intereses.

Ahora, según el instructivo de fecha 31-12-2011 que el Ejecutivo Nacional suministró a las universidades, se indica que en adelante no será así, ya que con base a la aclaratoria de la sentencia 434 de fecha 10 de julio de 2003 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, no se consideran intereses sobre capital luego de que el trabajador se jubila, pasando a considerarse intereses de mora, los cuales no son capitalizables afectando por ende a una gran cantidad de obreros, empleados y docentes de la Universidad de Carabobo del régimen viejo.
-Los intereses del régimen viejo han sido pagadas a las personas que se han ido jubilando en determinados años, entonces ahora se estarían cambiando las reglas del juego, resultando un acto de injusticia y desigualdad con respecto a quienes lo han cobrado anteriormente.
En cuanto al personal involucrado en un régimen mixto, al cual pertenece la Universidad de Carabobo por haber sido transferido de régimen viejo a régimen nuevo, (además de la ULA, UNET y los empleados administrativos de la UNEG), todo el personal que estaba activo hasta julio de año 2001, recibió un bono de transferencia de Bs. F 3.600, monto que se restaba del capital de prestaciones sociales, y el Gobierno se comprometió a pagar el saldo de dicho capital en un plazo de cinco años –según la nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT)-, a una tasa promedio entre la tasa activa y la pasiva, siendo entonces mayor que la tasa pasiva del régimen viejo. Esta deuda calculada de esta misma manera está siendo reconocida por las nuevas disposiciones del Ejecutivo. A partir del año 2006, con base al art. 668 de la LOT, el Gobierno debe pagar los intereses a tasa activa y así lo reconoce, pero con el cambio profundo de que los toma como intereses de mora y por tanto no capitalizables. Este aspecto también lesiona seriamente a los trabajadores.                                  
-La universidad venezolana no puede aceptar estas nuevas condiciones. Tenemos hasta el 23 de febrero para ello y antes necesitamos reunirnos urgentemente con el Ejecutivo Nacional para plantear que esto no es lo adecuado. La próxima semana se convocará al Núcleo de Vicerrectores Administrativos para precisar nuestras diferencias con respecto a este instructivo de la OPSU para el cálculo de las prestaciones sociales de la familia universitaria.
-La solicitud de las universidades es que, en el caso de las que se amparan bajo el régimen viejo, que se respete la forma de cálculo y pago de las prestaciones como se ha venido pagando hasta el momento. Y en el caso de las universidades afectadas bajo el régimen mixto, se exige que se respete la ley en el sentido de que los intereses sobre prestaciones sociales son capitalizables, ya que el espíritu del legislador era castigar al Ejecutivo si no pagaba el capital a tiempo.
-Llamamos a la unión de todos los universitarios sin distingo ideológico ni político, en el entendido de que ésta es una lucha por la familia universitaria y que no era la intención de quienes hicieron la propuesta inicialmente, dado que esto afectará a toda la administración pública del país. En alguna parte hay un error de interpretación que perjudica a 6.439 trabajadores de la UC, más de cincuenta mil en toda la educación superior y a más de medio millón de personas de la administración pública. Por ende estoy convencido de que se debe y se va a rectificar este criterio ampliamente perjudicial para el trabajador venezolano. 
Acciones a tomar:
  • Reunión de AVERU y Núcleo de Vicerrectores Administrativos (19 y 20 de enero)
  • Llamado al diálogo al Ejecutivo Nacional           
 el instructivo es injusto e ilegal
  • De no prosperar el diálogo           
Recurso ante la Sala Constitucional* del TSJ
*Ya ha dictado jurisprudencia favorable al criterio de la capitalización

Caso ejemplo:
Trabajador jubilado en 1998
Prestaciones que le corresponden, sin intereses:
Total de prestaciones más intereses capitalizados
(como se ha venido pagando)
Total de prestaciones con intereses
sin capitalizar 
(como sugiere el instructivo)
Total que pierde el trabajador con el nuevo cálculo
Bs. 100,00
Bs. 293,72
Bs. 202,00
Bs. 91,72
= 68,77%
Tomado de TIEMPO UNIVERSITARIO (UC Nro 727 18-1-2012)